Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó una condena de siete años de prisión contra Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud mediante la operación del centro Knowledge Land (Kogland), durante el nuevo juicio que se le sigue en la Novena Sala Penal del Distrito Nacional.
El órgano acusador también pidió la variación de la medida de coerción a prisión preventiva, alegando la gravedad de los hechos y el incremento del peligro de fuga, debido a que la imputada ya fue condenada en un proceso anterior y enfrenta la posibilidad de una nueva sentencia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por las magistradas Magalys Sánchez y Laura Vargas, sostuvo que Silverio implementó un esquema de estafa dirigido a padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA), haciéndose pasar por doctora en neurociencia y psicóloga sin contar con la formación ni acreditación legal requerida.
La investigación, presentada ante la jueza Milagros Ramírez Cabrera, determinó que la acusada no posee registros académicos válidos ni autorización legal para ejercer en el área de la salud, según certificaciones de universidades extranjeras, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Poder Ejecutivo.
El expediente indica que Silverio utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, para aparentar una preparación profesional que no tenía, logrando captar pacientes en su centro.
Testimonios de padres afectados evidenciaron que la imputada realizaba evaluaciones, diagnósticos y terapias sin aval profesional, llegando incluso a identificar condiciones clínicas inexistentes, lo que provocó afectaciones en la salud de los menores y retrasos en tratamientos adecuados.
El Ministerio Público también destacó que el centro operaba sin habilitación oficial, siendo posteriormente clausurado por las autoridades sanitarias tras comprobarse múltiples irregularidades.
Asimismo, informes financieros revelaron que las actividades de Silverio tenían fines lucrativos, generando ingresos significativos mediante los servicios ofrecidos, lo que refuerza la acusación de que el engaño fue utilizado para obtener beneficios económicos.
El órgano persecutor calificó los hechos como sumamente graves, al involucrar víctimas en condición de vulnerabilidad, como niños que requieren atención especializada, cuyas familias confiaron en la acusada en busca de soluciones.
Las acciones atribuidas a Silverio se enmarcan en los delitos de estafa, falsificación y uso de documentos falsos, tipificados en el Código Penal Dominicano y en leyes relacionadas con la salud y la protección de niños, niñas y adolescentes.
Tras escuchar las conclusiones del Ministerio Público, la parte querellante y la defensa, el tribunal cerró los debates. La jueza fijó la lectura del fallo para el martes 14 de abril de 2026, a las 2:00 de la tarde.