Rodolfo Santos: plan anticrisis de Abinader asume una responsabilidad postergada por años

Santo Domingo. – El comunicador Rodolfo Santos afirmó que el plan anticrisis y las reformas estructurales impulsadas por el presidente Luis Abinader representan un ejercicio de responsabilidad política frente a desafíos que, según sostuvo, fueron postergados durante más de 15 años por distintos gobiernos debido al costo político que implicaban.

Santos señaló que el país enfrenta la necesidad de adoptar medidas que permitan garantizar la sostenibilidad financiera del Estado y fortalecer los servicios públicos esenciales que demanda la población.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Matutino del País, transmitido por la plataforma De Último Minuto, donde el comunicador analizó el alcance de las reformas propuestas por el Gobierno y su impacto en el desarrollo nacional.

Explicó que las aspiraciones de desarrollo de los dominicanos, reflejadas en la construcción de nuevas líneas del Metro de Santo Domingo, escuelas, hospitales, carreteras y mayores niveles de seguridad ciudadana, requieren recursos permanentes para su funcionamiento y mantenimiento.

“Si exigimos una escuela o un hospital, necesitamos también garantizar el presupuesto para nombrar a los maestros, médicos, policías y al personal de servicios que den vida a esas estructuras”, expresó.

El comunicador destacó que uno de los propósitos fundamentales de las reformas es establecer reglas claras que aporten estabilidad económica, fortalezcan la confianza de los inversionistas y permitan al país sostener su crecimiento en el largo plazo.

Asimismo, valoró que las medidas planteadas estén sustentadas en criterios de equidad social, buscando que la mayor carga de los ajustes recaiga sobre los sectores con mayor capacidad económica, mientras se protege a los trabajadores y a las familias de menores ingresos.

Santos sostuvo que el debate sobre las reformas debe centrarse en la necesidad de garantizar los recursos que permitan responder a las crecientes demandas de la ciudadanía y asegurar la continuidad de los servicios públicos fundamentales.

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